La "Ley de Ciudadanía Exclusiva de 2025": Qué significa, a quién afecta y por qué plantea importantes cuestiones constitucionales
Compartir
Por DNExpress — Abogados de Inmigración
El 1 de diciembre de 2025, el Senador de los EE. UU. Bernie Moreno presentó la Ley de Ciudadanía Exclusiva de 2025, un proyecto de ley que reformaría drásticamente la forma en que los Estados Unidos trata la doble ciudadanía. Aunque el proyecto de ley no es ley, su propuesta ha generado un intenso interés y preocupación entre inmigrantes, ciudadanos con doble nacionalidad y la comunidad legal.
A continuación, desglosamos el proyecto de ley en un lenguaje sencillo, explicamos por qué los expertos constitucionales creen que enfrenta serios obstáculos legales, y revisamos dos casos importantes de la Corte Suprema de EE. UU. que parecen estar en conflicto con sus disposiciones principales.
1. Lo que propone el proyecto de ley
La Ley de Ciudadanía Exclusiva de 2025 prohibiría la doble o múltiple ciudadanía para todos los estadounidenses.
Si se promulga, la ley:
-
Prohibiría la doble ciudadanía en el futuro
Nadie podría ser ciudadano de EE. UU. mientras también posea cualquier forma de ciudadanía extranjera.
-
Obligaría a los actuales ciudadanos con doble nacionalidad a elegir en el plazo de un año
Cualquier persona que actualmente tenga ciudadanía estadounidense y extranjera tendría un año para:
-
Renunciar a la ciudadanía extranjera, o Renunciar a la ciudadanía estadounidense ante el DHS.
-
Tratar la inacción como "renuncia voluntaria" a la ciudadanía estadounidense
Si una persona no hace nada dentro del plazo de un año, el gobierno la consideraría como si hubiera renunciado voluntariamente a su ciudadanía estadounidense.
Esta "renuncia voluntaria implícita" se registraría en las bases de datos federales, y la persona sería tratada como no ciudadana bajo la ley de inmigración.
¿Quiénes se verían afectados?
Millones de estadounidenses, incluidos:
- Personas nacidas en EE. UU. de padres de otro país
- Personas que obtienen automáticamente otra nacionalidad por ascendencia
- Ciudadanos estadounidenses naturalizados que conservaron su ciudadanía original
- Hijos de padres extranjeros
- Estadounidenses que viven en el extranjero y adquirieron la ciudadanía de otro país. El alcance es extremadamente amplio.
Por qué los expertos constitucionales advierten que este proyecto de ley puede violar la 14ª Enmienda
La 14ª Enmienda establece que:
"Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos... son ciudadanos de los Estados Unidos."
Durante más de 50 años, la Corte Suprema de EE. UU. ha interpretado esto en el sentido de que, una vez adquirida la ciudadanía, el gobierno no puede quitarla a menos que el individuo elija renunciar a ella.
Dos casos emblemáticos de la Corte Suprema abordan directamente esta cuestión.
Afroyim contra Rusk (1967): El Congreso no puede revocar la ciudadanía a voluntad
En Afroyim contra Rusk, la Corte Suprema sostuvo que:
- La ciudadanía es un derecho constitucional, no un privilegio que el Congreso pueda revocar.
- Un ciudadano estadounidense solo puede perder la ciudadanía al renunciar a ella voluntariamente.
- El Congreso no tiene poder para forzar, presumir o fabricar una pérdida de ciudadanía.
La Corte enfatizó que los redactores de la 14ª Enmienda pretendían poner la ciudadanía más allá del poder del gobierno para destruirla.
Este caso a menudo se describe como la "Carta Magna" de los derechos de ciudadanía estadounidenses.
Vance contra Terrazas (1980): La expatriación requiere tanto una acción como la intención de renunciar a la ciudadanía
En Vance contra Terrazas, la Corte Suprema refinó la regla de Afroyim:
Una persona no pierde la ciudadanía estadounidense simplemente por realizar un "acto de expatriación"
(como obtener un pasaporte extranjero o jurar lealtad a otro país). La pérdida de ciudadanía requiere:
- Un acto voluntario, y
- Intención de renunciar a la ciudadanía estadounidense.
El gobierno tiene la carga de probar esa intención.
Esto es importante porque el proyecto de ley intenta tratar el silencio o la inacción como evidencia de intención voluntaria. Eso entra en conflicto directo con el estándar establecido en Terrazas: la intención debe demostrarse, no asumirse.
Por qué la ley propuesta entra en conflicto con los precedentes de la Corte Suprema
- El proyecto de ley presume la intención donde la Corte Suprema exige pruebas
El proyecto de ley trata a alguien como si hubiera "renunciado voluntariamente" a la ciudadanía estadounidense simplemente porque no actuó en el plazo de un año. Pero según Terrazas, la pérdida de ciudadanía no puede basarse en:
- inacción,
- silencio, o
- incumplimiento burocrático.
La Corte exige pruebas claras de que la persona tuvo la intención de abandonar su ciudadanía.
El proyecto de ley permite al Congreso despojar de la ciudadanía
Según Afroyim, el Congreso no tiene autoridad constitucional para revocar la ciudadanía estadounidense de forma involuntaria.
El proyecto de ley intenta crear una norma estatutaria mediante la cual el Congreso puede forzar efectivamente a millones de ciudadanos a la expatriación, incluso si nunca tuvieron la intención de renunciar a la ciudadanía.
La "renuncia voluntaria implícita" es probablemente inconstitucional
La frase "se considerará que ha renunciado voluntariamente a la ciudadanía estadounidense" es casi seguro que será impugnada. Los tribunales examinan la intención real, no las etiquetas que el Congreso asigna a una consecuencia legal.
Si el proyecto de ley fuera aprobado, ¿sobreviviría en los tribunales?
La mayoría de los expertos constitucionales creen que el proyecto de ley enfrentaría mandatos judiciales inmediatos y años de litigios.
Los resultados más probables:
- Los tribunales bloquean su aplicación, al considerarlo inconstitucional según Afroyim y Terrazas.
- La Corte Suprema finalmente dictamina que el Congreso no puede quitar la ciudadanía basándose en la falta de renuncia a otra nacionalidad.
- Incluso si algunas partes del proyecto de ley sobrevivieran, la disposición de pérdida automática probablemente caería.
En resumen: es muy poco probable que el gobierno de EE. UU. pueda revocar constitucionalmente la ciudadanía de millones de ciudadanos con doble nacionalidad simplemente por "no elegir".
Lo que los ciudadanos con doble nacionalidad deben saber ahora mismo
- El proyecto de ley es solo una propuesta. No es ley.
-
- Debe ser aprobado tanto por la Cámara de Representantes como por el Senado y ser firmado por el Presidente.
- Muchos expertos legales lo consideran casi con toda seguridad inconstitucional.
- Incluso si se promulga, desencadenaría demandas e interdictos inmediatos, lo que podría retrasar o bloquear cualquier aplicación.
Nuestra firma está monitoreando el proyecto de ley de cerca y publicará actualizaciones si avanza.
Reflexiones finales
La ciudadanía es uno de los derechos más fundamentales bajo la ley estadounidense. Durante más de medio siglo, la Corte Suprema ha sostenido consistentemente que la ciudadanía estadounidense solo puede perderse por elección propia, no por mandato del Congreso, plazos burocráticos o presunciones legislativas.
La Ley de Ciudadanía Exclusiva de 2025 plantea profundas cuestiones constitucionales y de derechos civiles. Cualquier persona preocupada por su estatus, o el estatus de sus familiares, debe mantenerse informada y buscar asesoramiento legal si el proyecto de ley progresa.
